Nueva directiva europea sobre Comercio Electrónico

El pasado mes de marzo, la Comisión Europea, respaldada por el Parlamento y el Consejo Europeos, propuso una serie de medidas con el objetivo de reforzar la protección de los derechos de los consumidores, haciendo especial hincapié en el sector del comercio electrónico, bajo el nombre "Directiva sobre los Derechos de los Consumidores".

Las medidas, que entrarán en vigor en este mes de julio, afectan principalmente al plazo de devolución y sus costes asociados.

Asociaciones de Comercio Electrónico, como la Asociación Española de la Economía Digital, adigital, y pequeñas y grandes empresas de Comercio Electrónico, entre ellas Pixmania.com o VentePrivee.es, manifestaron reiteradamente su desacuerdo con la nueva normativa por considerar que puede ocasionar grandes pérdidas económicas al sector, así como una considerable subida en los precios, provocando un bache en el desarrollo de la venta online en Europa.

Los principales motivos de este rechazo se basan en el aumento del plazo de devolución de productos adquiridos en tiendas online, que queda establecido en los 14 días siguientes a su recepción, período que dobla los 7 días vigentes hasta el momento en España, y en el hecho de que el cliente pueda realizar la devolución sin indicar los motivos ni ser penalizado. Además, el usuario tendrá otros 14 días adicionales para formalizar dicha devolución, por lo que el producto podría ser entregado al vendedor prácticamente un mes después de la recepción por parte del cliente. En el supuesto de que el comerciante no indique las condiciones de devolución, el plazo podría aumentarse hasta un año.

Según informaba adigital en su web, el Parlamento Europeo propuso que además fuese el vendedor el que asumiera los costes de devolución cuando el importe del producto devuelto fuese igual o superior a 40 euros. Sobre este aspecto, se tuvieron en cuenta las alegaciones presentadas presencialmente y por escrito, incluso a través de los medios de comunicación, por adigital y por el resto de asociaciones europeas, siendo eliminada esta obligación, y quedando finalmente establecido que sea el consumidor el que asuma los costes de devolución del producto. El cliente podrá asumir los costes de devolución de un producto o servicio adquirido a través de comercio electrónico, siempre y cuando el establecimiento online informe claramente al consumidor sobre las condiciones de devolución de los productos y, en especial, aquellos de gran volumen, para que éste sepa cuál será el precio si decide devolverlo finalmente. En caso de no informar sobre este punto de manera correcta, el vendedor deberá asumir dichos costes.

A estas obligaciones para el comerciante, se suma la fijación del plazo de entrega del producto en un máximo de 30 días desde la firma del contrato, pudiendo el cliente cancelar la transacción si no se respeta dicho plazo. Además, está obligado a indicar en la web su precio final para evitar al consumidor cargas adicionales. También deberá facilitar al usuario toda la información sobre el producto y las condiciones de venta, envío y devolución, así como su identidad y datos de contacto. Por su parte, el cliente deberá ratificar, mediante la aceptación de dichas condiciones, que ha entendido y acepta todas las condiciones de compra.

Los productos digitales que se adquieran mediante descarga online, como archivos de música, películas, videojuegos, ebooks o software se excluyen de la nueva política de devolución por considerarse la venta cerrada en el momento en que comienza la descarga del producto o archivo. También quedan excluidos aquellos bienes hechos a medida como ropa o mobiliario. En estos casos, si el cliente desea cancelar la prestación del servicio tendrá que pagar la parte equivalente al trabajo que ya haya sido realizado.

Ciertos servicios como la contratación de viajes en agencias online, apuestas como la lotería, servicios financieros o el alquiler y la reparación de viviendas, quedan excluidos de la nueva normativa.

Pese a las críticas de asociaciones y empresarios de Comercio Electrónico, la realidad es que hasta el momento coexistían veintisiete legislaciones en Europa, anteriores a la normalización del comercio electrónico, situación que generaba inseguridad en el consumidor y que no garantizaba su protección en las compras online. Lo que la nueva directiva persigue, en definitiva, es armonizar la norma con el objetivo de crear un entorno seguro, reforzar la confianza del cliente en las transacciones a través de Internet y garantizar la igualdad de oportunidades para todos los comerciantes online.