20 diciembre 2010
Las principales normas que rigen el Comercio Electrónico son modificadas por la popularmente conocida como Ley Sinde, que pretende aprobarse el día 21 en el Congreso de los Diputados
Enmarcada en la Ley de Economía Sostenible, esta disposición final ha sido propuesta por el Gobierno de España para su aprobación el próximo martes 21 ante la Cámara de los Diputados.
La controvertida ley modifica tres normas básicas para el desarrollo del negocio en Internet: La Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico, el Real Decreto Legislativo 1/1996 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual y la Ley 29/1998 de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
La reacción de las asociaciones de internautas ha provocado una oleada de emails con las opiniones individuales de los ciudadanos a los 350 diputados para hacerles reflexionar sobre la oportunidad de aprobar una ley cuestionada y sin consenso.
Los cambios que afectan al Comercio Electrónico se recogen en la Disposición final segunda por la que se aprueba la nueva regulación para la protección de la propiedad intelectual en el ámbito de la sociedad de la información y de comercio electrónico.
La propiedad intelectual afecta a todo tipo de contenidos. Así por ejemplo, un catálogo de productos que emplee fotografías no autorizadas, vídeos promocionales, descarga de manuales o cualquier otro contenido no autorizado expresamente por sus autores, vulnera estos derechos.
El proceso a seguir para el cierre de un sitio web partirá de la Comisión de Propiedad Intelectual, nuevo órgano del Ministerio de Cultura, que acordará la interrupción del servicio web o la retirada de contenidos solicitando al juzgado competente la autorización. En un plazo de 4 días el juzgado convocará al representante legal de la Administración, al Ministerio Fiscal y a los titulares de los derechos y libertades afectados a una audiencia donde oirá a todos los personados y resolverá mediante auto. La decisión que se adopte únicamente podrá autorizar o denegar la ejecución de la medida.
Queda por ver si el próximo martes se aprueba esta ley y analizar a medio plazo su efectividad, puesta en duda tanto por las agencias de autores como por las asociaciones de internautas y la propia industria cultural.
De momento, se viven las primeras reacciones, ya que los principales sitios web de enlaces para descargas y streaming españolas han convocado una jornada de 12 horas de cierre en contra del cierre de sitios web que prevé esta ley.