20 junio 2012
Unas ocho páginas web ya han recibido una notificación a través de la cual se les da un plazo de 48 horas para la retirada voluntaria de contenidos ilegales. El Ministerio de Cultura ha advertido que, de no hacerlo, puede llegarse incluso al cierre de la web
Las organizaciones de internautas denuncian que además, una vez retirados estos contenidos, los portales deberán comprometerse también a vigilar todos los enlaces que envíen sus usuarios, algo que, según afirman, resulta del todo imposible. Por otra parte, la Ley no discierne entre el servidor de almacenamiento web (que en este caso es una web extranjera), quien realmente posee y controla los contenidos ilegales y la página de enlaces a dichos contenidos.
Enrique Dans ha sido uno de los expertos que ha protestado, a través de su blog, por la aplicación de la Ley Sinde-Wert. Dans afirma que en el caso de Bajui.com, "la página española en cuestión se encuentra con que, al no ser objeto de la denuncia, carece de la posibilidad de hacer alegación alguna", por lo que los acusados se encuentran en un estado completo de indefensión jurídica. De hecho, miles de usuarios en Twitter están protestando por este proceso, a través del hashtag #Sindefensa.
Desde el momento de su creación y aprobación hasta su actual puesta en marcha, la Ley Sinde ha generado polémica ya que son muchos los que consideran que lo único que persigue es la censura. Quizá fuera más productivo centrarse en el cambio en la industria que los usuarios están demandando desde hace tanto tiempo y abogar por un modelo de negocio online que garantice el acceso a los contenidos digitales, a precios competitivos, dando un buen servicio a los ciudadanos.